Madrid (España), 8 de junio de 2009
Año 6, Núm. 243
Director: José Guilló Sánchez-Galiano

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[BOE] Aplicación provisional del Acuerdo de Cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Guinea Bissau, hecho "ad referendum" en Bissau el 27 de enero de 2008 y Canje de Notas de fechas 11 de julio y 29 de septiembre de 2008, efectuando rectificaciones.
[BOE 3 - 6 - 2009] [Texto completo]

[BOE] Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones diplomáticas y Oficinas consulares, hecho en Córdoba el 15 de febrero de 2008.
[BOE 4 - 6 - 2009] [Texto completo]

[DOCE] Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia
[DOCE 4 - 6 - 2009] [Texto completo]

[BOE] Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre vigilancia conjunta de los espacios marítimos bajo soberanía y jurisdicción de Cabo Verde, hecho en Praia el 21 de febrero de 2008.
[BOE 5 - 6 - 2009] [Texto completo]

[BOE] Convenio entre el Reino de España y la República de El Salvador para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de julio de 2008.
[BOE 5 - 6 - 2009] [Texto completo]

[BOE] Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
El texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, fue desarrollo por el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. Las múltiples modificaciones parciales que ha sufrido el citado Reglamento, como por ejemplo la última realizada mediante el Real Decreto 62/2006, de 27 de enero, que la adaptó al sistema del permiso y licencia de conducción por puntos, hace necesario dictar un nuevo Reglamento General de Conductores que sustituya al vigente y que facilite su conocimiento y aplicación.
Por otra parte, la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, sobre el Permiso de Conducción, en aras de una mayor claridad, ha procedido a refundir las distintas modificaciones de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el Permiso de Conducción, que a su vez fue incorporada a nuestro derecho interno a través del vigente Reglamento General de Conductores.
La Directiva 2006/126/CE, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de diciembre de 2006, señala como uno de sus primordiales objetivos profundizar en su afán armonizador de las normas sobre el permiso de conducción, perseguido ya, aunque más tímidamente, por la Directiva 91/439/CEE, de 29 de julio. Pese a los avances conseguidos desde entonces, subsisten diferencias significativas entre los Estados miembros, particularmente las relativas a la periodicidad en la renovación de los permisos de conducción, las subcategorías de vehículos o el modelo comunitario de permiso. En este último punto, hay que tener en cuenta que actualmente coexisten más de 110 modelos y es preciso establecer definitivamente un modelo único, todo ello como elemento indispensable de la política común que contribuya a aumentar la seguridad de la circulación vial facilitando, además, la libre circulación de las personas que se establecen en un Estado miembro distinto de aquel que ha expedido el permiso.
Es, por tanto, objeto de este reglamento, por una parte, hacer un desarrollo actualizado de los artículos 5 párrafos a), b) y h) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, tras su última modificación por la Ley 17/2005, de 19 de julio, y de parte de su Título IV, «De las autorizaciones administrativas», en concreto de los artículos 59, 60, 63, 64, 65 y 67 y, por otra, transponer a la normativa española la Directiva 2006/126/CE, de 20 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, en una manifiesta voluntad de asumir con celeridad los principios que la inspiran.
Son novedades y objetivos de la citada Directiva y, por lo tanto, de este reglamento:
El reconocimiento recíproco de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros, señalando períodos de vigencia más uniformes, diez años para las categorías AM, A1, A2, A, B y B+E y cinco años para las que autorizan a conducir camiones y autobuses, así como para el BTP, permiso válido sólo en el ámbito nacional que se incluye por vez primera y autoriza a conducir taxis y vehículos prioritarios y vehículos de transporte escolar de hasta 9 plazas.
Así como el establecimiento, por una parte, de un modelo único de permiso de conducción ya que, a partir de la puesta en aplicación de la Directiva y de este reglamento, sólo podrá ser expedido en tarjeta de plástico, de acuerdo con el modelo que se recoge en el anexo I de ambos textos normativos, siendo progresivamente retirados los actualmente admitidos en los distintos Estados.
Y, por otra parte, el establecimiento de una red europea, o registro común de permisos de conducir, que permita a los Estados miembros el necesario intercambio de información sobre los permisos que hayan expedido, canjeado, sustituido, renovado o anulado.
Destaca la implantación del acceso progresivo como opción para obtener los permisos de conducción de determinados tipos de vehículos, como por ejemplo el de la nueva clase de permiso A2 que autoriza a conducir motocicletas de potencia media.
Igualmente, se prevé la posibilidad de autorizar con el permiso de clase B la conducción de conjuntos de vehículos que excedan de 3500 kg, sin rebasar los 4250 kg, tras la superación de de una prueba de control de aptitudes y comportamientos que podrá ser sustituida por la superación de una formación específica, en los términos que se fijen por Orden del Ministro del Interior.
Asimismo, se crea una nueva categoría de permiso, ésta sí con eficacia en el espacio comunitario, la clase AM, que sustituye a la hasta ahora existente licencia para conducir ciclomotores, estableciendo los quince años como edad mínima para obtenerlo, y los dieciocho años para que autorice a transportar pasajeros.
Novedosa y sin duda importante resulta la inclusión de normas referidas a los examinadores del permiso de conducción, cuya cualificación mínima se recoge en el anexo IV de la Directiva y que también es objeto de una detallada descripción en el anexo VIII del presente reglamento, relativo a las condiciones que debe reunir el personal examinador, requisitos, su cualificación inicial y garantía de calidad.
Se da con ello, por otra parte, cumplimiento a la previsión legal que en la disposición adicional undécima de la Ley 17/2005, de 19 de julio, se hace respecto de la profesionalización, especialización y nivel requerido de formación de los empleados públicos, en particular de aquellos que se ocupan de la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de autorizaciones administrativas para conducir, lo cual redundará finalmente en lograr una mejor seguridad vial.
Son, además, nítidamente identificables en este nuevo reglamento otros tres objetivos que le convierten en una norma de fácil manejo y de más segura aplicación.
En primer lugar, pretende armonizar, unificando gran parte de la normativa sobre conductores, en exceso dispersa y, sin duda, prolífica, en un sólo texto, dotando así al sistema de mayor certeza y consecuente seguridad jurídica.
En segundo lugar, se simplifican los procedimientos administrativos de conductores y se eliminan todos aquellos requisitos y exigencias a los ciudadanos no acordes con la normativa actual.
Por último, se elabora el reglamento con una estructura ya ensayada en otros y utilizada igualmente por la Directiva europea sobre el permiso de conducción, haciéndolo más racional. Se descarga de contenido el articulado y se lleva a los ocho anexos de que consta, que podrán ser modificados por Orden, todo aquello que hubiera necesitado en un desarrollo posterior del Real Decreto, de la aprobación de diversas Ordenes Ministeriales, facilitando previsoramente así eventuales modificaciones futuras.
Se estructura en un real decreto con un artículo único por el que se aprueba el presente reglamento, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
El reglamento se divide en cinco títulos, once disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias y ocho anexos. [BOE 8 - 6 - 2009] [Texto completo]

[DOCE] Reglamento (CE) no 444/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2252/2004 del Consejo sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros
[DOCE 6 - 6 - 2009] [Texto completo]

[TJUE] Ciudadanía de la Unión – Libre circulación de personas – Artículos 12 CE y 39 CE – Directiva 2004/38/CE – Artículo 24, apartado 2 – Apreciación de validez – Nacionales de un Estado miembro – Actividad profesional en otro Estado miembro – Nivel de la retribución y duración de la actividad – Mantenimiento del estatuto de trabajador – Derecho de los demandantes de empleo a la percepción de prestaciones

Una persona en busca de empleo que ha establecido vínculos reales con el mercado de trabajo de un estado miembro puede percibir una prestación de carácter económico destinada a facilitar el acceso al empleo

Independientemente de su calificación en la normativa nacional, tal prestación no es una «prestación de asistencia social» que los Estados miembros puedan denegar a quienes buscan trabajo

El Sozialgericht Nürnberg ha preguntado al Tribunal de Justicia si existe la posibilidad de denegar a los solicitantes de empleo de otros Estados miembros determinadas prestaciones económicas. Esta cuestión se suscitó en el marco de sendos litigios entre dos nacionales griegos y la Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (oficina de empleo de la ciudad de Núremberg) sobre la retirada de las prestaciones de base a favor de los solicitantes de empleo que la habían obtenido.

El Sozialgericht considera que, en las fechas de autos, los dos demandantes no podían acogerse a las garantías específicas a favor de los «trabajadores» puesto que la actividad profesional «menor y breve» ejercida por el primero era «insuficiente para garantizar su subsistencia» y que la actividad ejercida por el segundo «apenas duró algo más de un mes». Por su parte, la Directiva comunitaria relativa a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión  dispone que los Estados miembros no están obligados a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social a las personas que no sean trabajadores en activo. Sin embargo, el Sozialgericht duda de la conformidad de esta excepción con el principio de igualdad de trato garantizado por el Derecho comunitario.

En la sentencia que se dicta hoy, el Tribunal de Justicia insta en primer lugar al Sozialgericht a examinar la situación de los demandantes a la luz de su jurisprudencia relativa a la condición de trabajador. En efecto, señala que, independientemente del nivel limitado de la retribución y de la corta duración de la actividad profesional, no cabe excluir que, tras una apreciación global de la relación laboral de que se trate, las autoridades nacionales puedan considerarla real y efectiva, permitiendo de esta forma atribuir a su titular la condición de «trabajador».

En el supuesto de que el Sozialgericht llegara a la conclusión de que los Sres. Vatsouras y Koupatantze son trabajadores, éstos habrían tenido derecho, en virtud de la Directiva de que se trata,  a las prestaciones solicitadas durante, al menos, seis meses a partir de la pérdida de sus trabajos.

A continuación, el Tribunal de Justicia examina la posibilidad de denegar una prestación de asistencia social a quienes busquen empleo pero no tengan la condición de trabajadores. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que, habida cuenta de la creación de la ciudadanía de la Unión, quienes buscan empleo tienen derecho a la igualdad de trato a efectos de la solicitud de una prestación de naturaleza financiera destinada a facilitar el acceso al mercado laboral.

No obstante, resulta legítimo que un Estado miembro sólo conceda tal prestación a los solicitantes de empleo que tengan un vínculo real con el mercado laboral de este Estado. La existencia de este vínculo podría comprobarse, en especial, mediante la constatación de que la persona de que se trate ha buscado empleo de manera efectiva y real en dicho Estado miembro afectado durante un período razonable.

De ello se desprende que los ciudadanos de la Unión que han establecido vínculos reales con el mercado de trabajo de otro Estado miembro pueden obtener una prestación de naturaleza financiera que, independientemente de su calificación en la normativa nacional, esté destinada a facilitar el acceso al mercado de trabajo.

Incumbe a las autoridades nacionales competentes y, en su caso, a los tribunales nacionales no sólo constatar la existencia de un vínculo real con el mercado de trabajo, sino también analizar los elementos constitutivos de dicha prestación. El objetivo de la prestación debe analizarse conforme a sus resultados y no a su estructura formal.

El Tribunal de Justicia precisa que un requisito como el previsto en Alemania para prestaciones de base a favor de los solicitantes de empleo, que exige que el interesado sea capaz de ejercer una actividad profesional, podría constituir un indicio de que la prestación está destinada a facilitar el acceso al trabajo.

[TS][Contencioso-Advo] Nacionalidad por residencia. Está integrada aunque no sepa leer ni escribir en español, porque es analfabeta.
Se interpone el presente recurso de casación contra sentencia dictada en fecha de 28 de julio de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional , que resuelve el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por Dª. Salome contra Resolución del Ministro de Justicia (actuando por delegación la Directora General de los Registros y del Notariado), de fecha 22 de septiembre de 2003, desestimatoria de solicitud de reconocimiento de la nacionalidad española.
La solicitud de nacionalidad interesada por la recurrente, de nacionalidad marroquí, se denegó, según la misma expresa, como consecuencia de no haber justificado la actora el suficiente grado de integración en la sociedad española, ya que "no sabe ni leer ni escribir, aunque entiende y habla, no conoce ninguna costumbre española y manifiesta que quiere el carnet para irse a Holanda y según otros informes oficiales habla deficientemente el castellano".
El Supremo estima el recurso. [Texto completo]

España se acerca a los 47 millones de habitantes, el 12% de ellos extranjeros
El aumento de la población se debe sobre todo a los inmigrantes, que han sumado 329.929 nuevos empadronados, frente a 174.199 españoles (lavanguardia.es) [3 - 6 - 2009] [Texto completo]

La crisis del empleo durará de seis a ocho años si no se toman medidas, según la OIT
La profunda crisis del empleo y de la protección social que se ha desatado como consecuencia de la recesión económica durará entre seis y ocho años si no se adoptan medidas, advirtió hoy el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavia. (expansion.com) [3 - 6 - 2009] [Texto completo]

Las ONG denuncian presiones para limitar la justicia universal
Las principales ONG pro derechos humanos que actúan en España han denunciado que han sido las "presiones" de China, Israel y, en menor medida, de Estados Unidos las que han acabado provocando que PSOE y PP alcanzasen un acuerdo para limitar el alcance del principio de jurisdicción universal. (elmundo.es) [3 - 6 - 2009] [Texto completo]

El Parlamento balear aprueba una ley que garantiza el derecho a no pasar hambre
El Pleno del Parlamento balear ha aprobado, con la abstención del PP, la nueva Ley de Servicios Sociales que reconoce como derecho de los ciudadanos, entre otros, el de recibir alimentación. (cope.es) [3 - 6 - 2009] [Texto completo]

EEUU deroga la orden de Bush que limitaba la asistencia legal a indocumentados
El Departamento de Justicia de EEUU ordenó hoy la asignación de abogados competentes para defender los casos de inmigrantes indocumentados en proceso de deportación.
La orden, emitida por el secretario de Justicia, Eric Holder, deroga una resolución dictada durante el Gobierno del presidente George W. Bush (2000-2008), que limitaba el derecho de extranjeros a exigir una defensa legal competente en procesos de inmigración. (abc.es) [4 - 6 - 2009] [Texto completo]

Francia. Los concursantes de reality son trabajadores
El abogado Jérémie Assous había logrado hacerse con una clientela de 170 concursantes malheridos. Les emparentaba el propósito de reclamar ante la cadena francesa TF1 su condición de verdaderos trabajadores. Y, por la misma razón, exigieron a la emisora una indemnización individual de 16.000 euros porque se habrían vulnerado sus derechos laborales. No libraron durante la emisión de los respectivos realities ni tampoco cobraron las horas extras. Ni mucho menos tuvieron libertad de movimientos. (elmundo.es) [8 - 6 - 2009] [Texto completo]

Los colombianos en España preparan un partido político
Podrían presentarse a las elecciones en las próximas municipales (larazon.es) [8 - 6 - 2009] [Texto completo]

El 20% de los médicos extranjeros en C-LM no tiene la homologación
Dos de cada diez médicos extracomunitarios que trabajan en el sistema sanitario de Castilla-La Mancha no tienen su título de especialista homologado. El porcentaje coincide con la media española, según datos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, que se eleva al 50% en algunas especialidades y en otras no llega al 10%. (eldiadeciudadreal.com) [8 - 6 - 2009] [Texto completo]

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